Juez prohíbe rastrear celulares sin orden judicial
- Detalles
- Categoría: Actualidad
- Publicado el Lunes, 18 Julio 2016 2:51pm
La utilización sin orden judicial de un controvertido dispositivo para rastrear llamadas de teléfonos celulares en una pesquisa penal es inconstitucional, determinó el martes un juez, al tiempo que desechó las pruebas reunidas en una investigación sobre un grupo narcotraficante internacional. La utilización sin orden judicial de los dispositivos conocidos como “StingRay”, “Hailstorm” o “TriggerFish” para ubicar el teléfono celular de un sospechoso es inconstitucional, dijo el juez federal de distrito William H. Pauley III en Manhattan en un fallo escrito.
Pauley rechazó las pruebas aportadas —como narcóticos, tres básculas digitales, bolsas de plástico vacías con cierre de cremallera y demás cosas relacionadas con las drogas— que fueron confiscadas en un apartamento de Manhattan durante una pesquisa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre una organización internacional narcotraficante. El juez dijo que el allanamiento del domicilio violó la garantía de la Cuarta Enmienda constitucional, según la cual las personas deben tener garantizado que no serán objeto de allanamientos ni decomisos irrazonables.
“Sin una orden de allanamiento, el gobierno no puede transformar el teléfono celular de un ciudadano en un dispositivo rastreador”, señaló Pauley.
Subrayó que la DEA había obtenido otras órdenes de allanamiento relacionadas con la investigación y también podría haber conseguido una para el dispositivo de rastreo de un teléfono celular. El Departamento de Justicia ha cambiado desde entonces sus políticas internas y ahora obliga a los agentes del gobierno a que consigan la orden antes de utilizar el dispositivo, agregó.
El fallo fue elogiado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), incluido el abogado Nathan Freed Wessler.
“Después de décadas de que las fuerzas policiales han utilizado la tecnología Stingray para rastrear teléfonos en forma secreta y sin orden judicial, una corte federal por fin las llamó a cuentas”, señaló Wessler en un comunicado.
“Los federales saben ahora perfectamente que cuando oculten su intento para utilizar tecnología invasiva de vigilancia a los tribunales y no consigan una orden, su evidencia será suprimida. Esta opinión aumenta considerablemente la fortaleza de nuestro derecho constitucional a la intimidad en la era digital”, agregó.
Fiscales federales no respondieron de momento a las llamadas para que hicieran declaraciones sobre el particular.