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Lunes, 2 de Diciembre del 2024
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California desafía a Trump iniciativa para un “estado santuario”

Washington DC.-

Ciudad santuario

En un desafío a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump, el Senado de California aprobó un proyecto de ley para limitar la cooperación policial estatal y local con las autoridades federales de inmigración.

La Ley 54 del Senado, que oficialmente se ha llamado el proyecto de ley de “estado santuario”, le prohíbe a las fuerzas policiales estatales y locales usar sus recursos, incluyendo dinero, instalaciones, bienes, equipo o personal, para ayudar con la aplicación de leyes de inmigración. Estaría prohibido preguntar sobre el estatus migratorio de las personas, darle acceso a las autoridades federales de inmigración a entrevistar a una persona bajo custodia o ayudarles en la aplicación de la ley de inmigración.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado por 27 votos a favor y 12 en contra. El SB 54 se dirige a la Asamblea del Estado de California, donde los demócratas tienen una supermayoría. Si es aprobada por esa cámara, el proyecto de ley irá al gobernador demócrata Jerry Brown.

Su autor, el presidente del Senado, Kevin de León, elogió el hecho de que el SB 54 hubiera sido aprobada como “un rechazo al retrato falso y cínico del presidente Trump de los residentes indocumentados como una comunidad sin ley”.

El SB 54 impide que la Policía detenga a una persona por una solicitud de retención de las autoridades de inmigración o que proporcione información sobre la fecha de liberación de una persona a menos que esté disponible públicamente.

“Nuestros preciados recursos locales de aplicación de la ley serán malgastados si la Policía es retirada de sus funciones para arrestar a personas como empleadas del servicio, asistentes, jornaleros, madres y padres que cumplen con la ley en todo lo restante”, dijo de León en un comunicado.

El proyecto de ley contiene algunas excepciones que permiten a las agencias locales transferir a las personas a las autoridades federales de inmigración, si hay una orden judicial o si la persona ha sido previamente condenada por un delito violento. También requiere notificar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de liberaciones programadas de personas que han sido condenadas por delitos violentos.