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Republicanos redactan ley que castiga con cinco años de cárcel el reingreso de indocumentados
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- Categoría: Inmigración
- Publicado el Lunes, 22 Mayo 2017 3:11am
Por: Amy Chozick
Washington DC.-
El plan propone, entre otras medidas, obligar a los padres de menores indocumentados lleven un grillete electrónico, contratar más jueces para acelerar las deportaciones, y aumentar la capacidad de ICE para encarcelar indocumentados.
Dos legisladores republicanos de Texas redactan un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Congreso, castigaría con al menos cinco años de cárcel a los indocumentados deportados que regresen sin autorización al país. El plan, del senador John Cornyn y el representante Michael McCaul, va dirigido específicamente a las ciudades santuario, e incluye una medida que obligaría a los padres de adolescentes indocumentados llevar grilletes electrónicos en sus tobillos para que no falten a sus audiencias judiciales de deportación, reportó el diario The Washington Post este martes.
La iniciativa de ley, que todavía está siendo redactada, también incluiría aumentar los espacios en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia federal encargada de las deportaciones que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El plan Cornyn-McCaul agrega una cláusula para aumentar la cantidad de jueces en las Cortes de Inmigración y acelerar las deportaciones. Agrega otra para reembolsar a los estados el dinero invertido por los estados que convoquen a la Guardia Nacional para patrullar la frontera.
La Casa Blanca se negó a comentar el proyecto de ley, dijo The Washington Post.
La iniciativa asoma casi cuatro meses después de la toma de posesión de Trump, quien durante su campaña prometió que deportaría hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales, y unos cuatro millones de extranjeros que dejaron expirar sus visas. El 25 de enero, Trump firmó dos órdenes ejecutivas (una sobre las ciudades santuario y otra sobre el muro) donde decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional, y fijó nuevas prioridades de deportación.
No es la primera vez que Cornyn trabaja en un proyecto de ley para castigar a la inmigración indocumentada. El plan de Cornyn del 2005 fijaba un plazo de cinco años para que los indocumentados se fueran del país. Aseguraba que quienes se marcharan en el primer año no pagarían multas, pero los demás serían castigados con $2,000 dólares por cada año de permanencia indocumentada. Una vez fuera, el plan Kyl-Cornyn recomendaba darles a los inmigrantes repatriados una visa temporal de dos años siempre y cuando se inscribieran previamente en un programa de trabajadores temporales. Indicaba además que el indocumentado, una vez fuera, debía esperar un mínimo de 365 días para poder gestionar la visa. Y que el gobierno de su país le proveyera de un seguro médico, o el patrono que lo empleara en Estados Unidos.
The Washington Post señala que el plan Cornyn-McCaul tiene escasas probabilidades de sobrevivir en el Senado porque no contaría con los votos necesarios por parte de los demócratas. Los republicanos controlan el senado con 52 asientos y necesitan 60 votos para aprobar una ley.
En Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados, la mayoría de ellos de origen latino.
Además de solicitar fondos para aumentar las redadas y acelerar las deportaciones –sobre todo de indocumentados con antecedentes criminales-, Trump ha ordenado revisar los programas de visados para extranjeros y promete penas severas para indocumentados indocumentados deportados que regresan al país sin autorización. El presidente también ha puesto en la mirilla a las ciudades o jurisdicciones santuario, quienes se resisten a compartir sus bases de datos con el gobierno federal para arrestar a indocumentados que han cometido crímenes.
Actualmente el senador de Texas preside el subcomité del Comité Judicial del Senado sobre seguridad fronteriza e inmigración.
