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Lunes, 2 de Diciembre del 2024
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Un censo que excluye no sirve

Por: David Torres
Washington DC.-

La intensa campaña para participar en el Censo del año 2000 incluía un bombardeo de mensajes por todos los medios posibles. Quienes nos agregábamos a la fuerza laboral de este país como inmigrantes en aquel entonces no estábamos seguros de si debíamos responder al cuestionario cuando lo tuviésemos en nuestras manos, pues muchos de nosotros no sabíamos si teníamos derecho a ser contados. Tan simple como eso. Pero los mensajes de convencimiento surtieron efecto al paso de los días cuando el sentido de inclusión cobró fuerza haciéndonos sentir parte de esta nación de inmigrantes. Esa era la idea: todos, ciudadanos e inmigrantes (sin importar su estatus migratorio), siempre debían ser contados en este país de bienvenida. Por ley.

De hecho, las mismas autoridades del Censo insistían en que el conteo debía llegar a todas las personas que vivan en Estados Unidos, y recalcaban que “esto significa todos, ya sea que vivan en el centro de Miami o en un puesto remoto en Alaska; tengan o no tengan vivienda, y quieran que se les cuente o no”. Es decir, contaban con nosotros dejándonos contar, además de que la intención de las autoridades del Censo era “crear la mejor lista de direcciones posible; crear un ambiente de motivación y comunicarse con todos en Estados Unidos”, entre una docena de objetivos. En ningún momento hacían referencia al estatus migratorio de los habitantes del país. Si eran ciudadanos o no, era un asunto irrelevante para el conteo.

El mismo ejercicio se repetiría en 2010 con similares herramientas de convencimiento, y al darse los resultados del Censo se constataba que entre esos más de 308 millones de personas estaban por supuesto los inmigrantes. Por eso, el anuncio del Departamento de Comercio de que se incluirá la pregunta sobre la ciudadanía en el próximo Censo de 2020 produce, por lo menos, escozor y repugnancia.

Sorpresa ya no. Ahora el proceso de exclusión que ha puesto en marcha el actual gobierno desde su instalación ha llegado a su máxima expresión en el terreno de lo absurdo con esta nueva intención de depurar la demografía inhibiendo la participación que tanto trabajo costó en cuando menos los dos anteriores conteos de población en Estados Unidos. El hecho de que un gobierno antiinmigrante pregunte por un estatus migratorio específico prende las alarmas desde ya, revelándose su verdadera y maquiavélica intención: a las redadas, los arrestos, las detenciones y las deportaciones de inmigrantes, el gobierno agrega el miedo a ser identificados a través de un censo de población preguntando si somos ciudadanos o no de este país. ¿Para qué? Es obvio que lo anterior conducirá a la autoexclusión de quienes también deberían ser contados por razones tan concretas como las siguientes: pagan impuestos; pagan renta; han comprado casa y autos; han abierto negocios; compran ropa, calzado y comida; mantienen vivas las escuelas públicas donde sus hijos estudian; tienen sus ahorros en bancos de su localidad; cuidan niños y ancianos ajenos; y pagan por su entretenimiento, entre muchas otras actividades que implican recursos frescos que inyectan fuerza a las economías locales y a la nacional.

Cuál será la siguiente bajeza de la actual Casa Blanca contra los inmigrantes no es la pregunta, sino cómo le hará para resolver los graves problemas que se ha creado a instancias de su absurda guerra contra los inmigrantes, sobre todo los hispanos, a los que por pereza mental identifica sólo como “mexicanos”, sin conocer la gran diversidad de inmigrantes de diferentes países latinoamericanos. Pero eso sería ya pedir mucho a un gobierno fallido del que emana diariamente la hiel de la ignorancia. Es de suponerse que si las diversas comunidades de inmigrantes no responden al Censo, el resultado estará incompleto. Pero bastará con añadir más de 11 millones a cualquiera que sea el resultado oficial del Censo 2020 para tener la cifra completa y real.

Si ellos restan, nosotros podemos sumar. Inmigrantes y aliados opinan sobre las consecuencias devastadoras de suprimir la participación en el Censo.

Ante el anuncio del gobierno de Trump de que se agregará al Censo 2020 la pregunta sobre la ciudadanía de los participantes del conteo decenal, inmigrantes y sus aliados reaccionaron contundentemente al señalar que la pregunta deprimirá la participación de millones, minando la responsabilidad constitucional del Censo de contabilizar a todos los residentes de Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria.

Claro está, este potencial subconteo de la población es deliberado y es parte de los intentos de Trump y del Partido Republicano de minar el poder político y la asignación de recursos a comunidades diversas a través del país.

Según el Instituto de Política Migratoria (MPI), hasta el 2016 había 43.7 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos, lo que representa el 13.5% de la población que asciende a 323.1 millones de personas. De los 43.7 millones, el Pew Research calcula que 11 millones son indocumentados. Otro estudio del Center for American Progress concluye que más de 8 millones de ciudadanos estadounidenses tienen al menos un familiar indocumentado viviendo en su hogar. Esta cifra incluye a 5.9 millones de niños ciudadanos que viven con al menos un familiar indocumentado.

Cualquier medida que deprima la participación en el Censo de una sexta parte de la población seguramente afectará la exactitud del esfuerzo.

En diversos medios informativos, varios inmigrantes explicaron por qué no compartirían su información con el gobierno de Trump:

Gladis Pérez, oriunda de Guatemala y naturalizada hace cinco años, le indicó a Miriam Jordan en un artículo de The New York Times titulado “Si el Censo pregunta sobre la ciudadanía, algunos ya tienen la respuesta: Sin comentarios”, que “no respondería preguntas antes…ni abriría la puerta. Si yo todavía fuera indocumentada, evitaría esta encuesta (del Censo) a toda costa”.

Carmen Queveda, una nana y empleada doméstica indocumentada del Sur de California, quien tiene un hijo de 14 años de edad ciudadano estadounidense, le dijo a Jordan que “nunca respondería porque no tengo papeles. Obviamente, tengo miedo. Tengo un hijo”.

César Morio, un trabajador de la construcción indocumentado, de México, que vive en el Sur de California, le dijo a Jordan: “Sé que ningún padre en mi vecindario le va a abrir la puerta a quien esté realizando la encuesta”. Una mujer no identificada en California entrevistada por Noticiero Univision: “Me darían nervios porque ya ve cómo está la situación ahorita con inmigración”. El reportero dice que si la gente no completa el Censo por miedo, California perdería millones de dólares en fondos federales. La mujer añade: “No la completaría”, si la pregunta sobre ciudadanía es incluida.