Los indocumentados, en la mira por los recientes asesinatos en California

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Categoría: Inmigración

Publicado el Domingo, 16 Agosto 2015 4:16am

Por: Paula T. Castellanno
Los Angeles.-

El representante repúblicano por Wisconsin Paul Ryan y su colega por el estado de Virginia Bob Goodlatte ingresan a una reunión privada. De acuerdo con datos remitidos por la oficina del representante republicano de Virginia Bob Goodlatte en 2014 EE.UU. dejó en libertad a 30.558 delincuentes indocumentados condenados por cometer más de 79.000 delitos.

Con dos acusados de asesinato en las últimas semanas, los criminales indocumentados están en el punto de mira de organizaciones y políticos que reclaman el fin de las “ciudades santuario”, mientras grupos defensores de los inmigrantes piden que se evite generalizar por “casos aislados”.

“Es evidente que las leyes de inmigración no se están aplicando y cada vez hay más estímulos (para los indocumentados) para venir a California”, dijo Joe Guzzardi, director nacional de medios del grupo antiinmigrante Californianos por la Estabilización de la Población (CAPS en inglés).

De acuerdo con datos remitidos a Efe por la oficina del representante republicano de Virginia Bob Goodlatte, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en 2014 EE.UU. dejó en libertad a 30.558 delincuentes indocumentados condenados por cometer más de 79.000 delitos. Con estas cifras en la mano, el republicano señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no está siendo efectivo en el arresto y la deportación de indocumentados que han cometido delitos graves.

Dos asesinatos ocurridos recientemente en las ciudades californianas San Francisco y Santa María han generado numerosas críticas contra las políticas de autoridades locales de no colaborar con las agencias federales de inmigración, que resultan en las llamadas jurisdicciones “santuario”. La espita de esta polémica saltó el pasado 1 de julio, fecha en la que murió Kathryn Steinle, de 31 años, supuestamente a causa de un disparo por parte del mexicano indocumentado Juan Francisco López, quien presentaba siete delitos graves en su historial y había sido deportado en cinco ocasiones anteriormente. No obstante, el inmigrante mexicano, de 56 años, fue puesto en libertad en abril por los alguaciles de San Francisco, en lugar de entregarlo a las autoridades de inmigración.

Luego de la muerte de Steinle, otro caso, esta vez en Santa María, en el condado de Santa Bárbara, también incluyó a un indocumentado que había sido arrestado seis veces en quince meses. Marilyn Pharis, una reservista a la Fuerza Aérea, de 64 años, fue atacada y violada durante un asalto en su casa el 24 julio y murió el 1 de agosto a consecuencia de los martillazos que recibió durante el ataque. Por la muerte de Pharis han sido acusados dos hispanos, José Fernando Villagómez, de 20 años, y Víctor Aureliano Martínez, de 29, un indocumentado con un amplio historial delictivo y que dos semanas antes había sido arrestado por posesión de metanfetaminas y puesto en libertad.

Sin embargo, quienes defienden a las comunidades inmigrantes indocumentadas han pedido que estos casos singulares no se usen para seguir “estigmatizando a una comunidad que aporta cosas importantes a nuestro país”. En opinión de Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés), el uso interesado de esta noticia es algo irresponsable que sirve para “alimentar una campaña antiinmigrante implacable para degradar, insultar y criminalizar las familias inmigrantes”. Pero como reacción a estas muertes, algunos legisladores federales han anunciado leyes que buscan desincentivar o abolir la práctica de las “ciudades santuario”.