Inmigrantes deportados se preparan para llevar su caso ante un juez federal

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Categoría: Inmigración

Publicado el Sábado, 29 Agosto 2015 4:26pm

Por: Paula T. Castellanno
San Diego.-

Willy Sánchez junto a su esposa Lucila Serrano e hija Lila Sánchez tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, en San Ysidro, San Diego, California (EE.UU.). Seis personas que habían sido deportadas a México tras verse obligadas a firmar su salida voluntaria regresaron a Estados Unidos a través de San Diego (California) para pelear su caso frente a un juez de inmigración. Se trata de los primeros beneficiados por el acuerdo logrado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)

Inmigrantes que fueron obligados a firmar su salida voluntaria del país y regresaron ayer a los Estados Unidos, gracias a un acuerdo alcanzado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se preparan ya para llevar su caso frente a un juez federal. Las primeras seis personas en beneficiarse por la demanda colectiva López Venegas v Johnson, ingresaron el martes a San Diego, California, donde deberán empezar su proceso legal en búsqueda de que se les conceda quedarse en el país con sus seres queridos.

Una de ellas es Lucila Serrano, de 34 años, quien fue detenida en 2009 mientras se encontraba en un paseo en bote junto a su esposo y amigos. Oficiales federales cuestionaron entonces al grupo y fue en ese momento cuando se percataron de que ella no tenía documentos para estar en el país. Posteriormente fue llevada con autoridades de inmigración, quienes la forzaron a firmar su salida voluntaria del país, sin concederle la oportunidad de consultar su caso con un abogado.

“Me dijeron que fuera a firmar, no me dijeron qué me iban a explicar, fue tan rápido que yo pensé que tenía que hacerlo, no te dan ninguna opción”, narró la mujer, originaria de México.

Serrano recuerda que le dijeron que de no hacerlo podría pasar un tiempo en la cárcel, y ante el miedo de no poder estar cerca de su familia, accedió a firmar los documentos y horas más tarde fue expulsada a Tijuana.

“Yo tenía un caso, yo podía haber peleado”, lamentó Serrano, quien llegó a los Estados Unidos cuando era muy joven y cuya hija y esposo son ciudadanos norteamericanos. La situación obligó a que su familia se fuera a vivir con ella a Tijuana. Su esposo, Willy Sánchez, se levantaba muy temprano para ir a San Diego a trabajar, mientras que su hija Lila de ahora siete años, entró a la escuela en el sur de la frontera.

Cuando pensó que todo lo que había construido en Estados Unidos se había perdido, un día sus familiares escucharon en las noticias que la Unión Americana de Libertades Civiles buscaba a inmigrantes que habían sido deportados tras haber firmado su salida voluntaria, junto a otros requisitos que ella cumplía. Tras ponerse en contacto, el organismo determinó que su caso era elegible para formar parte de la demanda colectiva y unos meses más tarde se le dio una fecha para presentarse en la garita de San Ysidro.

“Cuando menos pensé me dijeron que Inmigración me había aprobado para regresar”, señala Serrano, quien se mostró agradecida con los abogados de ACLU ya que en todo momento contestaron sus dudas, además de que pelearon por su retorno al país.

La madre de familia es consciente de que, como parte de este acuerdo, se encuentra ahora en Estados Unidos únicamente con un permiso para tener una audiencia en una corte de inmigración para que su caso sea escuchado, algo que le fue negado al momento de firmar su salida.

“No tengo una residencia, no tengo un pasaporte, una visa, nada, solo tengo un permiso para que pueda ver a un juez y pelear mi caso”, subrayó Serrano, quien dijo que aún no tiene fecha para su audiencia.