Muertes en la frontera son totalmente ignoradas en la negociación migratoria

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Categoría: Inmigración

Publicado el Sábado, 8 Junio 2013 10:54pm

Por: Paula T. Castellanno
Arizona.-
Durante los años 80 pasados, morían unos 12 por año. En el 2000, un cambio en la política federal llevó al primer aumento. Aquel año perecieron 71. En 2002 fueron 150 y 225 en 2010. Es el número de inmigrantes indocumentados que murieron tratando de cruzar a Estados Unidos. Pero los números nacionales son mucho mayores. Estos solamente incluyen las víctimas en la frontera entre México y el sur de Arizona y más específicamente, con el condado Pima.

El cambio de política federal consistió en fortificar la frontera; aumentar la vigilancia y erigir una cerca que hizo casi imposible los cruces a través de la zona de Tijuana, Baja California. El incremento en la vigilancia fue a su vez la respuesta de la administración de Bill Clinton a la incitación contra la inmigración indocumentada en particular y los latinos en general en aquellos años.

El resultado fue que los inmigrantes, en aquel entonces por centenares de miles, comenzaron a tratar de cruzar ilegalmente a través de comarcas remotas, desiertos inescrutables o zonas gélidas. Las muertes en su gran mayoría se produjeron por deshidratación consecuencia del calor, o bien congelamiento.

En 2012, casi la tercera parte de los cruces ilegales desde México tuvieron lugar a través del sur de Arizona, comparado con un 15 por ciento en 1996 y 1997.

Un nuevo informe conjunto del Instituto de Inmigración Binacional en la Universidad de Arizona y el Forense del condado de Pima da una serie de datos estremecedores, justamente en momentos en que el énfasis de los políticos negociando la reforma migratoria en Washington se enfoca en más vallas y dificultades para quienes cruzan en busca de un futuro mejor. Y las muertes han seguido en su alto nivel a pesar de que en los últimos cuatro años, el número de cruces ha bajado en un 80 por ciento.

El informe muestra que las muertes de los migrantes permanecen en un nivel excepcionalmente alto: 157 en 2011 y 182 en 2012. El 13 por ciento de los muertos son niños y adolescentes menores de 19 años. Si los muertos hubiesen sido causados por otros motivos, igualmente prevenibles, ¿sería la atención concedida mayor? De cualquier manera, dice Raquel Rubio-Goldsmith, profesora y coautora del informe, al Times, “en cierto sentido estamos frente a un desastre”.

El fenómeno no se reduce solamente a Arizona. Es nacional. He visitado cementerios de indocumentados no identificados, pegados al cruce que jamás pudieron completar. He visto ofrendas florales en las cercas al norte y al este de Tijuana, también en honor a quienes trataban de cruzar por allí. El total de muertos quizás no se pueda saber nunca, pero desde el cambio de política en los años 90, es de varios miles. Sólo en el condado Pima, fueron más de 2,300 los atendidos por el forense local.

En el sur de Texas, solo en el condado Brooks, las muertes subieron de 20 en 2010 a 129 en 2012. La tercera parte jamás han sido identificados. Sus familias en Chiapas, México, o Santa Ana, El Salvador, o cualquiera de los pueblos de procedencia, desconocen su destino y no pierden las esperanzas. Una listas de los migrantes muertos hallados e identificados en el sur de Arizona se puede encontrar aquí.

Mayores recursos policiales y militares en la frontera son condición de apoyar la legalización de indocumentados por parte de muchos republicanos en el Congreso. ¿Pero cómo asegurar que las medidas antiinmigrantes no causen más muertes?

Soluciones existen. Aunque jamás será posible cerrar herméticamente y absolutamente la frontera, “la ausencia de un programa que permita el ingreso y salida del país de trabajadores extranjeros” es más responsable de las muertes, según el senador republicano de Arizona Jeff Flake.

Se puede incrementar la cooperación, casi inexistente, entre las autoridades fronterizas estadounidenses y mexicanas para prevenir cruces que conducen a la muerte. Una singular interpretación de la constitución mexicana, que establece el derecho de cada mexicano de abandonar el país, entre otros motivos varios, previene esa cooperación. Y una reforma migratoria deberá regularizar los mecanismos legales de inmigración para que estas muertes se reduzcan hasta desaparecer.