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Miércoles, 4 de Diciembre del 2024
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EE.UU. pide extraditar a España a un exmilitar salvadoreño por la muerte de jesuitas

Washington DC.-

Desde octubre de 2013, Montano, de 72 años, cumple una condena de 21 meses de prisión en una cárcel de Carolina del Norte por haber mentido sobre su estatus migratorio para no regresar a El Salvador y evitar ser juzgado por la matanza de los jesuitas. Cuando Montano estaba próximo a cumplir la condena, el Departamento de Justicia decidió responder así a la solicitud que, en 2011, cursó el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco para que sean extraditados a España 20 militares salvadoreños implicados en la matanza de los jesuitas durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

En la petición, a la que tuvo acceso Efe, la Justicia estadounidense consideró que Montano debe ser juzgado por el asesinato, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- además de la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

“El día antes de los asesinato, Montano participó en una serie de reuniones y, en la última de ellas, uno de los oficiales, en presencia de Montano, dio la orden de matar al padre Ignacio Ellacuría y no dejar testigos”, recoge el relato de los hechos.

Como viceministro de Defensa Nacional, Montano tenía a su cargo una radio estatal desde la que, días antes del crimen, “se emitieron amenazas sobre el asesinato del padre Ellacuría y sus compañeros sacerdotes”, dice el escrito del Departamento de Justicia.

El Ejército salvadoreño cometió los asesinatos en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que Ellacuría era rector. Los jesuitas asesinados fueron, además de Ellacuría, los también españoles Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el salvadoreño Joaquín López.

“Este es un paso enorme hacia la justicia y la responsabilidad penal individual”, subrayó en unas declaraciones a la abogada Almudena Bernabéu, que representa en el caso de los sacerdotes asesinados al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en inglés).

Esta institución para la defensa de los derechos humanos, basada en San Francisco, impulsó la apertura del proceso, cuando en 2008 interpuso ante la Audiencia Nacional una querella conjunta con la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Bernabéu aplaudió la decisión del Gobierno estadounidense de pedir la extradición de “una de las mentes que orquestó la matanza” para que sea juzgado en España y pueda ponerse fin a la impunidad que ha rodeado este crimen desde hace 25 años.